Este sitio pretende ofrecer un espacio de encuentro, intercambio y reflexión, sobre las distintas acciones que desde el ámbito del servicio de justicia se pueden implementar para remover las barreras socioculturales al acceso a la justicia de las personas con discapacidad.
Se ha elaborado como consecuencia de las actividades llevadas a cabo en el marco del Proyecto sobre "Remoción de barreras socioculturales al acceso a la justicia de las personas con discapacidad” ejecutado por el Ministerio Público de la Defensa de la Nación, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, y el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco del Programa EUROsociAL II. En ese sentido, el blog se ideó con el fin de fortalecer la labor iniciada y generar además un espacio virtual interactivo para compartir información y articular esfuerzos a fin de garantizar los derechos de las personas con discapacidad.
Podrán encontrar información sobre las actividades llevadas a cabo en el marco del Proyecto, y las que se vayan realizando a partir de él, como ser: las conclusiones de los talleres de toma de conciencia que se desarrollen; las buenas prácticas que vayan surgiendo con motivo de la aplicación el Protocolo para el Acceso a la Justicia de las Personas con Discapacidad y de la Convención –que podrán servir de guía o inspiración para el resto de operadores del servicio de justicia–; así como jurisprudencia local, nacional e internacional en la materia.
Antecedentes
Las actividades que promovieron la creación de este espacio, se iniciaron en el marco del Plan de Acción para Argentina sobre Acceso a la Justicia, promovido por el Programa EUROSOCIAL II –Programa regional para la cohesión social en América Latina-, y hayan sido posible gracias al compromiso de tres instituciones de trascendencia en el sector justicia de Argentina: el Ministerio Público de la Defensa de la Nación, a través del Programa sobre Temáticas de Salud, Discapacidad y Adultos Mayores dependiente de la Secretaría General de Política Institucional; el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, a través del Programa Nacional de Asistencia para las Personas con Discapacidad en sus Relaciones con la Administración de Justicia -ADAJUS-; y el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, a través de su Secretaría General de Acceso a Justicia y Derechos Humanos.
Justificación del Proyecto
El objetivo general del proyecto referido inicialmente se orientó a reducir de manera efectiva las barreras al acceso a la justicia y ampliar la cobertura de justicia estatal en favor de grupos de población en condiciones de vulnerabilidad, promoviendo la aplicación de las Reglas de Brasilia sobre el Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad.
Siguiendo esta línea, el proyecto tuvo como objetivo específico reducir el impacto de las barreras socioculturales, entendidas como: la suma de barreras actitudinales (prejuicios y discriminación existentes en la sociedad y en las instituciones), las barreras lingüísticas y la falta de “toma de conciencia” de las personas que operan el sistema de justicia, entre otras, que se interponen ante las personas con discapacidad en su interacción con dicho sistema y dificultan su acceso igualitario a la justicia.
Es decir que el proyecto no se enfocó en los aspectos procesales o procedimentales ni a cuestiones de accesibilidad al espacio físico, sino que, como se mencionó, se centró en el orden actitudinal.
La transformación que se pretende lograr a través de la modificación de la actitud supone una nueva forma de entender la realidad social y nos enfrenta al reto de fomentar el principio de igualdad real y no solo formal, a través de la aplicación del modelo social de la discapacidad. Ese nuevo modelo social y de derechos humanos de las personas con discapacidad, que surge a partir de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, impone a los Estados un cambio en las políticas de promoción y atención a las personas con discapacidad, que pueda trasladar los principios contenidos en la Convención al sistema de justicia para superar el déficit en el acceso que todavía subsiste en relación con las personas con discapacidad. La aplicación de este modelo requiere de una nueva forma de pensar y actuar que implica entender a la diversidad como un valor positivo. Sin duda alguna, las actitudes tienen una enorme importancia en este proceso de cambio de mentalidad en atención a la diversidad que se vincula con la discapacidad, si tenemos presente el importante impacto que los actos diarios, mínimos y cotidianos tienen en la transformación de las normas sociales.
Bajo este marco, será de relevancia poder desarrollar acciones de toma de conciencia y proveer herramientas a los operadores del sistema de justicia que
en su labor diaria interactúan con personas con discapacidad. Ello, en miras de, por un lado, adecuar la atención que prestan a las exigencias de los nuevos paradigmas que imponen los compromisos institucionales y, por el otro, contribuir a superar la desconfianza entre las personas que intentan acceder al sistema de justicia y a las que deben garantizar ese acceso. Todo ello es congruente con lo afirmado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del Caso 12.539 “S.C.F. y familiares Vs. Argentina”, del 31 de agosto de 2012, donde recordó que “…en el marco de las obligaciones derivadas de los artículos 1.1 y 2 de la Convención, y según los estándares desarrollados en la presente Sentencia (supra párrs. 125 a 139), los Estados deben adoptar medidas para reducir las limitaciones o barreras y para dar el trato preferente apropiado a las personas con discapacidad, a fin de conseguir los objetivos de la plena participación e igualdad dentro de la sociedad para todas ellas” (Conf. Párr. 300).
Actividades Desarrolladas
En el marco del proyecto mencionado, se desarrollaron, principalmente, las siguientes actividades.
Protocolo para el Acceso a la Justicia de las Personas con Discapacidad. Propuestas para un Trato Adecuado.
El documento recoge propuestas y recomendaciones concretas sobre el trato adecuado que debe brindarse a las personas con discapacidad, y está orientado hacia los operadores del servicio de justicia, siguiendo las directrices establecidas en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad -aprobadas por la XV Cumbre Judicial Iberoamericana-.
Como lo afirmó la Dra. Soledad Cisternas Reyes en el Prólogo, “éste constituye un aporte a la cultura jurídica, a la “toma de conciencia” y a la implementación de todas aquellas adecuaciones que requieran las personas con discapacidad para su efectivo acceso a la justicia, identificadas y aplicadas caso a caso, con el consiguiente impacto positivo en la eliminación de barreras y la participación plena y efectiva en la sociedad, en términos de exigibilidad y justiciabilidad de derechos”.
El Protocolo fue elaborado con la colaboración de las expertas María Soledad Cisternas Reyes, Presidenta del Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y María Silvia Villaverde, Jueza de los Tribunales de Familia del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.
Taller “Derecho a un Trato Adecuado. Acceso a la Justicia de las Personas con Discapacidad”
A su vez, a los efectos de facilitar la aplicación del Protocolo, siguiendo las directrices de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (arts. 8 y 13) y de la jurisprudencia de la Corte IDH en la materia, se elaboró un Taller de Formación y Toma de Conciencia, con el objetivo de brindar
herramientas a los operadores del sistema de justicia, que propicien la
aplicación de las propuestas contenidas en el Protocolo, a los efectos de hacer
efectivos los derechos humanos de las personas con discapacidad.
El Taller de Formación se elaboró gracias a la valiosa colaboración y compromiso asumido numerosos expositores nacionales e internacionales, y de la experta internacional que colaboró gracias al aporte de EUROsociAL II, la notario Almudena Castro Girona.
Plan de Formación de Formadores
Además del Taller, se elaboró un Plan de Formación de Formadores, a fin de ser puesto a disposición de distintos replicadores del Poder Judicial, Ministerio Público Fiscal y Ministerio Público de la Defensa tanto a nivel federal como local.
A
través de la implementación de este plan de acción, se propone la toma de
conciencia, y se pretende proveer herramientas a los operadores del sistema de
justicia de todo el país, que en su trabajo cotidiano se relacionan con las
personas con discapacidad. Ello en miras de, por un lado, adecuar la atención que prestan a las exigencias de los nuevos paradigmas que imponen los compromisos internacionales y por el otro, contribuir a superar la desconfianza entre las personas que intentan acceder al sistema de justicia y las instituciones que deben garantizar ese acceso.
Este Plan de Formación de Formadores, junto con el material, fue puesto a disposición de aproximadamente 70 replicadores del sistema de justicia -integrantes de las instituciones organizadoras y de las 24 escuelas judiciales provinciales del país (gracias al apoyo recibido por la Junta Federal de Cortes y Tribunales Superiores de Justicia de las provincias argentinas –JUFEJUS-). Y
se espera que, a través de las respectivas réplicas que se ha llevado adelante
y se seguirán realizando, pueda llegar a la mayor cantidad de operadores de las
distintas jurisdicciones del país.
En este espacio compartiremos la información relacionada con el desarrollo de las diferentes réplicas que se realicen y las experiencias y buenas prácticas que vayan surgiendo en su aplicación.
